Colombianos de todas las clases participan en masa este miércoles en las protestas que exigen un cambio de rumbo al gobierno conservador de Iván Duque, que afronta el séptimo día de inusuales manifestaciones en la cuarta economía latinoamericana.
La multitud elevó la presión sobre el gobierno con la segunda huelga en menos de una semana.
La tibia adhesión al inicio de la jornada en Bogotá, epicentro de la protesta que estalló el jueves pasado precisamente con un paro, dio paso en la tarde a multitudinarias marchas encabezadas por jóvenes.
Bajo vigilancia policial, el transporte público y el comercio se veían reducidos, sobre todo en el centro y norte de la capital. En Cali, Medellín y Bucaramanga también hay movilizaciones. Aunque hay menor afluencia que el jueves pasado, cuando se manifestaron cientos de miles.
En todas partes, se alzan pancartas contra el gobierno al ruido de cacerolas. En el Parque de los Hippies, en el norte de Bogotá, intérpretes entonaban un “cacerolazo sinfónico” con música clásica y adaptaciones de canciones populares.
“Hemos logrado una fuerza del pueblo que hace mucho no se veía en Colombia. Que la gente se desgastara lo temía el primer día y ahora me doy cuenta que no; la gente sigue saliendo a las calles y vamos a seguir saliendo”, dijo a la AFP Manuela Salazar, estudiante de Psicología de 22 años.
Si bien en su mayoría han sido pacíficas y alegres, las protestas dejan cuatro muertos y medio millar de heridos entre civiles, policías y militares, 184 detenidos y 60 venezolanos expulsados por “actos vandálicos”, según un balance oficial.
Democracia de “privilegios”
En medio de la agitación social que recorre el continente sin una causa común, en Colombia las calles se volcaron contra Duque y su impopular gobierno de 15 meses. Casi siete de cada diez colombianos lo rechazan, según un sondeo de Invamer de principios de mes.
El Mandatario no solo encara el desprestigio de sus políticas, sino también el descontento incubado durante décadas y silenciado por el ruido del conflicto con las FARC, la otrora guerrilla convertida en partido tras la firma de la paz hace tres años.
“Han convertido a Colombia en una democracia donde favorecen a una minoría de empresarios y burócratas, mientras la gran mayoría debemos sostener sus privilegios”, señaló en Twitter el sindicato del magisterio, Fecode, uno de los más activos en la movilización.
Desde el jueves ríos de gente se movilizan a diario en el mayor desafío popular que haya encarado un gobierno desde los años setenta. Duque instaló el domingo un “diálogo social” para escuchar los reclamos callejeros.
Sin embargo, abrió las conversaciones con políticos antes que con los portavoces de la protesta.
“Este gobierno está abierto a (...) construir hacia adelante, pero hay que hacerlo también con toda la sociedad”, se justificó Duque en W Radio, insistiendo en que muchos de los reclamos son consecuencia de una campaña de desinformación o de “premisas falsas”.
El mandatario debatió este miércoles sobre educación con estudiantes, parlamentarios y expertos. Los promotores del paro se mantienen al margen ante la insistencia de Duque de ampliar el diálogo a sectores que no se están movilizando.
Reclamos variopintos
El Comité Nacional del Paro, que reúne a sindicatos, indígenas, estudiantes y profesores, presentó 13 pedidos que incluyen desde el retiro de una reforma tributaria en trámite parlamentario hasta el cumplimiento cabal del acuerdo de paz.
Quizá el punto más controvertido es el desmonte de la fuerza antidisturbios de la policía (Esmad), tras la agresión que sufrió el sábado Dilan Cruz, un estudiante de 18 años que murió dos días después por heridas en la cabeza que le provocó un uniformado con una escopeta, según la investigación preliminar.
El Presidente reconoció que en estas situaciones pueden presentarse “desenlaces fatales”, pero defendió al Esmad que, según él, ha prevenido “cosas peores” ante la acción de “vándalos y pillos”.
Duque ya dio las primeras señales de flexibilización. La víspera anunció ajustes a su proyecto de recaudación de impuestos que apuntan a aliviar al 20% más pobre del país, mediante la devolución del IVA del 19% y beneficios a las empresas que contraten a jóvenes entre 18 y 28 años.
“El Presidente no está atendiendo lo que el pueblo le está pidiendo”, dijo Claudia Tobar, quien asegura debió emplearse para poder costear sus estudios universitarios porque el Estado le negó tres veces un crédito educativo.
Colombia es el país más desigual entre los 36 socios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), arrastra un desempleo del 10,1% y una informalidad laboral que castiga a casi 50% de los trabajadores.
También los colombianos han hecho sentir su rechazo frente al rebrote de la violencia financiada por el narcotráfico en varios puntos, y el asesinato selectivo de activistas de derechos humanos y líderes sociales.
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