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| Los involucrados les esperan varios años de cárcel por hechos indignos contra menores. |
En el complot de pornografía infantil descubierto por la policía científica el pasado 9 de noviembre, resultaron a solicitud del Ministerio Público privados de libertad, Damaris Rosales Araque (23), Yorllet Mariane Jaimes (44), Edwin Arley Rojas Fuentes (38), Wilder Jeferson Leal Jaimes (25) y dos adolescentes de 15 y 17 años, por la presunta participación en dicha red de pornografía en menores.
Al llegar el día de proceder al allanamiento con una orden emitida por el Tribunal 3ero de Control, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística entraron a la residencia donde se hacían los videos pornográficos que involucraron a menores de edad.
Allí fueron aprehendidos en flagrancia Damaris Rosales, Yorllet Jaimes, Edwin Rojas, Wilder Leal y dos adolescentes, quienes fueron puestos de inmediato a disposición del Ministerio Público.
Continuando con el inspección se encontraron con 14 teléfonos celulares, una antena de televisión por suscripción, dos módems de internet y un cuaderno con anotaciones sobre las jóvenes presuntamente utilizadas por esta red; también se halló un arma de fuego tipo pistola Glock 17 con un cargador y una granada.
A los adultos y adolescente ya les fijaron residencias
Por otra parte en la audiencia de presentación, la Fiscalía 29ª del Táchira imputó a los cuatros adultos ya nombrados por la presunta comisión de pornografía, asociación y uso de adolescentes para delinquir. Ante los elementos de convicción expuestos por la representación fiscal, el Tribunal 9º de Control de esa Jurisdicción dictó la mencionada privativa de libertad contra las dos mujeres y los dos hombres, y fijó su reclusión en la sede de la Policía Municipal de San Cristóbal.
En cuanto a los adolescentes de 15 y 17 años, fueron imputados por la Fiscalía 17ª del Táchira por presunta exposición sexual de niños, niñas y adolescentes, exhibición de pornográfica de niños, niñas y adolescentes, difusión y exhibición de material pornográfico y asociación.
Todos ellos después de escuchar la exposición de los elementos de convicción por parte de la representación fiscal, el Tribunal 1º de Control de Responsabilidad Penal del Adolescente ordenó una medida cautelar sustitutiva de la privativa de libertad y dictó su permanencia en una entidad de atención de la capital tachirense.
Tal como se anunciará en este medio digital, la red de esta mafia tenía su centro de operaciones en Pirineo I, zona de clase media alta de San Cristóbal capital del estado Táchira, pues allí tenían su base de “trabajo”, donde implican a chiquillos de ambos sexos con el fin de filmar videos porno para vender aquí y en el exterior y adquirir jugosas ganancias en dólares.
José Querales / Foto cortesía
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