A mediados del mes de octubre del 2019, se inician conversaciones con el ciudadano Luigi Alfredo Rivero Guevara, tendientes a realizar una alianza estratégica económica y financiera, de manera de impulsar los negocios y una posibilidad de sociedad a futuro con nuestra empresa SUPLEAGRO, C.A. , sin embargo, esta circunstancia tuvo un giro inesperado y negativo, cuando el mencionado ciudadano, se toma atribuciones ajenas a lo conversado, ejerciendo modificaciones a la infraestructura, afectando tanto la sede administrativa de nuestra empresa, como los negocios conexos que funcionaban en locales comerciales adjuntos que nada tenían que ver con SUPLEAGRO por cuanto eran empresas independientes, todo esto sin presentar un proyecto que contemplara tales modificaciones, ni las etapas y acciones para realizarlo y sin nuestra debida autorización, ni permisología legal que reviste este tipo de empresas dedicadas a la comercialización de combustible, debemos de acotar que solo se trataba de conversaciones previas a una negociación que no se pudo concretar, toda vez que su comportamiento se tornaba cada vez más agresivo y avasallante, diferente al trato cordial que existió entre la partes al inicio de las conversaciones.
El 16 de diciembre de 2019, Rivero Guevara, se presenta sin mediar palabra por cuanto la negociación no se había concretado, dice que autoriza a los trabajadores a que invadan las instalaciones y construyan ranchos, el patio interno y declara que a partir de ese momento quedaba tomada la empresa, apropiándose indebidamente de las instalaciones de las mismas y sus bienes muebles, cambiando cerraduras, colocando personas para impedirnos el acceso a las instalaciones perturbando así nuestra propiedad y posesión pacífica de más de 50 años, imposibilitando el sustento económico necesario para cubrir nuestras necesidades básicas.
Al día siguiente, Beatriz Meléndez, se apersona en las instalaciones SUPLEAGRO, C.A., en un instante que estuvo abierto el portón de acceso, procede a tomar unas fotografía de lo que fue su oficina, hoy destruida, Luigi Rivero, la agrede física, psicológica y verbalmente. Donde ninguna fiscalía del Ministerio Publio con sede en esta ciudad de Carora nos atendió, después de mucho insistir nos reciben la denuncia en forma posterior, sin ningún resultado.
Igualmente se hicieron trámites, denuncias ante la Fiscalía 8° del MP, por la invasión que se perpetraba, la apropiación indebida, como es el caso de la pérdida de un chuto, dos cisternas para carga de combustible y un camión F600 cisterna para reparto de agua, y ninguna procedió en una clara negación de justicia.
El 31 de enero de 2020, luego de una inspección judicial, solicitada por nosotros, en las instalaciones de nuestra empresa, fuimos brutalmente embestidos por un grupo de más de 25 hombres, uniformados como trabajadores de la empresa Harina La Coromoto, con armas contundentes, a bordo de un tractor tipo payloader derribaron los portones de la empresa, además de un volteo, una grúa y tres vehículos particulares irrumpieron hacia la sede funcional y administrativa. Con saña y violencia atacaron a cinco mujeres y un joven, indefensos miembros de la familia Meléndez, robaron los teléfonos celulares a cuatro de las personas agredidas en forma de agavillamiento, todo a la vista de un gran número de personas que al percatarse de esto se apersonaron al lugar y tanto agresores como vehículos fueron retenidos, el procedimiento por flagrancia y aun de las denuncias formales, estos quedaron en libertad, causando este hecho conmoción publica en la ciudad.
Este escenario ha puesto en evidencia la impunidad reinante que nos pone en una situación de indefensión de nuestras familias. Si bien es cierto que las instalaciones fueron tomadas en una oportunidad por Rivero Guevara, solo nos fue devuelto el expendido de combustible por las gestiones positivas de la instancia militar ZODI Lara. Pero continuando la perturbación a la propiedad y la posesión de una empresa que por ninguno de los canales regulares ha sido vendida, ni traspasada, por las vías regulares que existen en la legislación venezolana. Dejando claro que existió una negociación y se adelantó el proceso iniciado, pero que el mismo fue complicado y no se materializó. Aclaramos que los socios no han recibido ningún tipo de dinero en moneda extranjera ni nacional por la venta de las acciones de la empresa SUPLEAGRO C.A.
Solo queda expresar el agradecimiento al pueblo tórrense, a las instituciones y gremios que han demostrado su solidaridad y con el único objetivo que esta situación pueda resolverse por la vía jurisdiccional dentro de un marco del Estado de Derecho y no con procedimientos que puedan vulnerar la libertad, la justicia y la paz. Igualmente expresamos la negativa absoluta que este proceso que debió ser netamente privado, se siga convirtiendo en un circo de dimes y diretes que en nada benefician el buen nombre del gentilicio del pueblo tórrense.
Familia Meléndez
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