El Gobierno de Cabo Verde ha autorizado la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro del socialista Nicolás Maduro, aunque la decisión final la tomará un tribunal caboverdiano, confirmó hoy a Efe su abogado, José Manuel Pinto Monteiro.
El Ejecutivo avaló la extradición sobre la base de “la opinión judicial favorable de la Procuraduría General de la República (PGR)”, enviada el pasado día 8, para su revisión, al Tribunal de Apelaciones de Barlavento, con sede en la isla de San Vicente (norte del archipiélago), que asumirá la deliberación final, afirmó Pinto.
Saab fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla norteña de Sal (el más importante de este país insular de África occidental), en respuesta a una petición de EEUU cursada a través de Interpol por presuntos delitos de blanqueo de dinero.
La PGR recibió el pasado 29 de junio la solicitud de extradición del Departamento de Justicia de EEUU y tenía un plazo de 65 días, a partir del 12 de junio, para responder a esa petición.
Ahora, la defensa tiene de plazo hasta el jueves para interponer, ante la citada corte, un recurso contra la decisión del Gobierno.
Si no lograse una orden favorable a sus reclamos, Saab podría aún apelar ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) y, en última instancia, presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
“Nuestro equipo está trabajando con optimismo para obtener los resultados definidos, es decir, la liberación inmediata de nuestro cliente”, aseguró a Efe Pinto en conversación telefónica en Praia, la capital caboverdiana.
Tras la detención del presunto testaferro, Venezuela indicó que Saab es un ciudadano venezolano que se hallaba “en tránsito” en Cabo Verde para regresar al país.
La defensa de Saab argumenta que el empresario “tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela en tránsito por Cabo Verde”.
Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al gabninete de Nicolás Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
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