EN CLAVES: ALCANCES DE LA LEY DEL DERECHO A LA CIUDAD QUE IMPULSA EL PARLAMENTO

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"Estas leyes vienen prácticamente a elevar el derecho a que los ciudadanos vivan dentro unas ciudades comunales y preocupa el impacto que esto tiene sobre las autoridades locales y regionales que acaban de ser electas el pasado 21 de noviembre", dice Néstor Ecarri


Para cumplir con el mandato que dio Nicolás Maduro en el mes de marzo, la Asamblea Nacional (AN) electa el 6 de diciembre de 2020, continua discutiendo y reformando leyes para "potenciarlas a favor de los venezolanos". Entre las 34 leyes que enumeró el líder del chavismo, la AN se encuentra actualmente llevando a cabo la consulta pública de la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Ciudad, que tiene el objetivo de construir un "nuevo paradigma urbano" a través del establecimiento y cumplimiento de la democratización del transporte, el uso del suelo, nuevos espacios públicos, entre otros elementos.

Fue el pasado 20 de julio cuando la AN aprobó, con el voto salvado de la bancada opositora, el proyecto de ley en primera discusión. En ese entonces, el proyecto fue presentado por el diputado Carlos Mogollón, quien sostuvo que debe existir una normativa que siente las bases de todos los ciudadanos a tener una ciudad integral, "donde se respeten los espacios y no se establezca discriminación, ni diferencias en la ocupación y disfrute de todo del territorio". El parlamentario oficialista alegó que 80% de los venezolanos vive en ciudades excluyentes que fueron construidas buscando "mejores condiciones de vida".

"Las conocidas ciudades neoliberales fueron concebidas como espacios de exclusión social, sobre la base del mercadeo del suelo urbano y concepción de la vivienda como mercancía de alto costo. Fue el comandante Hugo Chávez Frías quien abrió el debate sobre el derecho humano a una ciudad más integral. Fue él quien democratizó el uso de las zonas verdes, construyó viviendas en áreas reservadas para el latifundio de concreto, concibió políticas públicas como la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) y se mantuvo firme en la defensa de ciudades más humanas, donde es posible emprender y compartir", expresó en el hemiciclo en aquel entonces.


¿Pero de qué trata en realidad esta ley?

Para conocer a fondo de qué trata, El Cooperante consultó vía telefónica al diputado William Gil, presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la AN y presidente de la Comisión Especial que elabora el proyecto de ley . Gil, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), explicó que buscan impulsar esta legislación para darle "mejor vida" a los ciudadanos venezolanos, que hoy se encuentran sumidos en una crisis de servicios públicos debido a la caída de los precios del petróleo y las sanciones internacionales impuestas a la Administración de Nicolás Maduro.

"A través de esta ley pretendemos desarrollar lo establecido en el Plan de la Patria en su artículo 31: expandir el principio constitucional de la vivienda como necesidad y no como mercancía; impulsar el salto de la GMVV como procesos de reurbanización nacional e injerto del sistema urbano socialista, promoviendo el espacio geográfico del socialismo en el modelo pos rentista petrolero", citó Gil. "Hablamos del buen vivir, un sistema integrado de transporte, pero también de la renta de la tierra, de las características de cada ciudad, cómo abordar el desarrollo económico, de la no discriminación y por supuesto, en el marco de esta ley se desarrollan todos los reglamentos que le permiten a los ministerios avanzar en la construcción de ciudades más humanas".

Plan de la Patria, consultado este 1 de diciembre de 2021.

Subrayó que esto incluye el "mejoramiento" del transporte, del sistema eléctrico y servicios públicos en general; y también darle significado a las ciudades artesanales, turísticas, industriales, petroleras, para que a través de esta teorización el Estado pueda planificar la inversión en esas ciudades, que es lo que ha hecho la GMMV. Según Gil, esto permitirá al Estado definir los recursos que serán invertidos.

Sobre el término "economía solidaria" plasmado en el proyecto legislativo; Gil indicó que tiene que ver con que en estas ciudades se permitirá desarrollar las relaciones sociales-económicas, para dar "al traste con el modelo capitalista que hoy reina en las principales ciudades del país".

En su artículo 26, la ley suscribe que los urbanismos de la GMVV tendrán desarrollo integral como injertos urbanos socialistas, más allá de la vivienda, asumiendo el rol integral de la vivienda y el hábitat, sistemas de movimiento y empleo localizado. Además, establece que estas asumirán el tejido social, del poder popular y la comuna, como formas de organización.

Al ser consultado sobre este punto, Gil explicó que se trata de construir estos urbanismos como un todo, donde sus habitantes se desarrollen de forma plena e integral en esas zonas.


"No solo se trata de construir apartamentos o casas, sino de construir el hábito, la forma de vida, alrededor del hogar, como lo planteó el presidente Hugo Chávez, se trata de que cada GMVV tenga el Simoncito, la escuela, el liceo, el centro de salud. Pero además, quienes viven en esos urbanismos puedan trabajar allí mismo. Hablamos de construir el desarrollo económico alrededor de los urbanismos, para que no sean urbanismos aislados del entorno. Esto nos permitirá crear nueva ciudades alrededor de estas grandes obras que está haciendo la GMVV".

Diputado William Gil.

¿Es posible en la Venezuela actual?

La pobreza en la Venezuela de 2021, llegó al 94,5% de la población, según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), presentada por la Universidad Católica Andrés Bello. El instrumento reveló que en el último año, la pobreza extrema subió más de 8%, el empleo formal se redujo en 1,3 millones de puestos de trabajo y la cobertura educativa cayó 5%.

Sobre estos índices, Gil es optimista y alegó que el chavismo ha construido más de 3 millones de viviendas, implementó un sistema de transporte masivo y refirió al tema de las sanciones internacionales que han afectado la economía de los últimos años.

"En revolución hemos construido más de 3 millones de viviendas, cosa que no se hizo en los 40 años de supuesta democracia, donde al contrario, surgieron grandes cordones de miseria alrededor de las ciudades, todo esto producto de la 4ta república. Nosotros sabemos y asumimos que estamos pasando por una situación económica muy difícil, producto de las sanciones económicas, de la caída de los precios del petróleo. Pero estamos haciendo un esfuerzo significativo y también sabemos que cuando la revolución llegó, había 80% de pobreza, de miseria y nosotros reducimos notablemente esa situación" y agregó "por eso decimos que hoy, pese a las dificultades que hemos tenido en los últimos años, también tenemos una situación más óptima que la que vivíamos durante los años de la 4ta república".

"Para mejorar el transporte vamos trabajando en el mejoramiento del Sistema Metro, culminación de nuevas líneas, pero te repito, todo ha sido afectado por la difícil situación que atraviesa el país. Pero el Estado está invirtiendo, se está mejorando y podemos decir que gracias a la revolución bolivariana, tenemos un sistema masivo de transporte en las principales ciudades, que no tenía el país, sino que todos usábamos camioneticas de propiedad individual. Todo eso se viene repotenciado para mayor acceso a toda la población. Sabemos que hay que mejorarlo, pero no tengan dudas de que nosotros vamos a seguir impulsando la construcción de un sistema de masivo de transporte en todo el territorio nacional".


Una ley con carencias y deficiencias

El magíster en gobierno y administración pública, académico y consultor en políticas públicas, Néstor Ecarri conversó sobre este proyecto de ley con El Cooperante, para analizar si es factible su puesta en marcha, más allá del papel. Para Ecarri es fundamental comprender que el derecho a la ciudad no solo es hablar del asentamiento físico ni de planificar espacios, por lo que explicó que esta propuesta de ley, carece de elementos fundamentales como el derecho a la democracia, derechos políticos y criticó que no establece la responsabilidad que deben tener las autoridades locales para poder implementarla.

"Debemos empezar por aclarar que el derecho a la ciudad no solamente implica el asentamiento físico de la ciudad para una mejor planificación del espacio físico, sino que también involucra que sean efectivos y se cumplan derechos políticos, económicos, sociales y de culto que tiene la población o que debe tener la población en el ámbito en el que se desarrolla", precisó. "Lamentablemente. Este proyecto de ley solamente ataca una parte de ese derecho a la ciudad, como es el asentamiento físico y se olvida un poco del libre ejercicio democrático que debe existir en la gestión de esta ciudad".

Al tiempo que fustigó que no se menciona en todo el proyecto el rol de las autoridades locales en el ejercicio pleno del derecho a la ciudad y calificó de "lagunas bastante importantes" los vacíos en este sentido, que hacen muy cuesta arriba su implementación en la realidad.

"Una de las cosas que debemos exhortar en la discusión de esta AN y que deben quedar claras en este proyecto de ley, es la transparencia de la gestión pública que está establecida en la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, instrumento internacional que ha sido discutido en varios foros internacionales en materia de derechos humanos y es lamentablemente que en este proyecto se deje a un lado", recalcó.

Además, Ecarri cuestionó que el proyecto de ley esté sometido al Plan de la Patria y no a la Constitución, ya que esto hace que tenga un importante sesgo ideológico orientado hacia el chavismo. En este orden de ideas, consideró que es fundamental rescatar el derecho que tienen los habitantes de estas ciudades al acceso a la información pública.

"En la medida en que los ciudadanos puedan tener acceso a la información pública, podrán poder conocer de primera mano en qué se están gestionando sus recursos, cómo pueden participar de manera más efectiva en la elaboración de los planes y proyectos que puedan tener la ciudad. Lamentablemente, este proyecto de ley, más que articular a todas las autoridades que tienen que ver con el desarrollo de las ciudades, las somete a un plan vinculado al proyecto de ciudades comunales y comunas", agregó.


Atenta contra nuevas autoridades locales y regionales

Tras las elecciones regionales y municipales del pasado 21 de noviembre, la oposición logró ganarle al chavismo 117 de las 335 alcaldías del país. Ecarri Angola sostiene que tanto el proyecto de Ley sobre el Derecho a la Ciudad, la ley de Ciudades Comunales y la ley de Comunas tienen mucho que ver sobre "quitarle" poder a las autoridades electas en estas elecciones.

"Estas leyes vienen prácticamente a elevar el derecho a que los ciudadanos vivan dentro unas ciudades comunales y preocupa el impacto que esto tiene sobre las autoridades locales y regionales que acaban de ser electas el pasado 21 de noviembre. Me parece que el gobierno está ensayando y evaluando de qué manera pueden implementar esto. Sin embargo, digo de forma muy responsable que este modelo que quieren implementar estos señores, ya no cubren las expectativas necesarias porque la renta petrolera se acabó, tenemos un nuevo ciudadano que está en la misión Gómez, si no trabaja no come y cada individuo busca sobrevivir más allá de lo que esté plasmado en las leyes", afirmó. "Esta ley sobre el Derecho a la Ciudad, lamentablemente no se parece al venezolano, ni a ese modelo socialista que han pretendido implementar estos señores. No se parece a Venezuela y eso lo vimos con los resultados de estos comicios regionales y municipales".

Además, Ecarri reprobó que existan profundas contradicciones entre una ley y otra y exhortó a los diputados a que guarden un "poquito de coherencia" entre los distintos proyectos normativos que discuten.

Sobre las declaraciones del diputado Mogollón y la tesis de la existencia de las ciudades excluyentes, Ecarri Angola descartó que esta crisis se haya generado en la democracia civil y expresó que esto pasa por el modelo económico que se ha querido imponer durante los últimos años, que no se parece al venezolano de hoy.

"Tenemos que quitarnos ese casete porque eso forma parte del pasado, tenemos que ir venciendo lo que es el modelo rentista que hemos tenido durante muchos años, promover el gobierno electrónico, gobiernos abiertos, gobiernos más transparentes que garanticen el derecho a la participación ciudadana y sobre todo, donde los ciudadanos tengan derecho al acceso a la información pública".

A su juicio, la Asamblea Nacional, más allá de discutir este tipo de ley, debería discutir una ley sobre gestión, transparencia y acceso a la información pública.

"Discutir, debatir y aprobar leyes sobre el ejercicio del buen gobierno, esto es lo que se discute hoy en día a nivel latinoamericano y no tener una agenda socialista que lo que viene es a excluir a Venezuela del debate internacional y coloca el derecho al servicio de estas ideologías".

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