El
Gobernador del Estado, Adolfo Pereira, pretende evadir la responsabilidad
directa que pesa sobre el en la crisis del agua que hay en la región, por
cuanto la gestión sobre esta materia le corresponde a su Despacho a través de
Hidrolara en todos los municipios, de acuerdo con la Constitución y las leyes
nacionales y regionales que establecen modalidades para la prestación del
servicio de agua, entre ellos la de que se realice a través de una empresa pública,
en este caso Hidrolara C.A. inscrita
en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado
Lara, en fecha 03 de octubre de 1994, bajo el Nº 55, tomo 25-A y creada por ley
aprobada en la Asamblea Legislativa en el año 1993, a quien le fue transferida
la responsabilidad de prestar servicios de acueductos y cloacas, teniendo
la Gobernación del Estado Lara la mayor participación accionaria y control
absoluto de las operaciones del servicio de agua y saneamiento ambiental.
Tienen a la gente pasando sed y buscando agua
en las quebradas y acequias o comprando agua en dólares a los camiones
cisternas o simplemente recibiendo una migaja del vital líquido para resolver
las necesidades de la familia y aun así pretende el Gobernador hacerse el loco
con un servicio que es un derecho humano de los ciudadanos
De manera que no hay otros responsables en la
crisis del agua que el régimen de Nicolás Maduro y en Lara, el Gobernador
Adolfo Pereira, quien no habla sobre este punto porque sabe que esta empresa
fue quebrada en la administración de Luis Reyes Reyes y los recursos pagados
por los usuarios del servicio fueron malversados en la gestión del Ing. Jorge González
y los sucesores que han administrado indebidamente esta empresa.
En Lara la crisis obedece a la falta de
inversión y mantenimiento en las represas que fueron construidas antes de 1999
y que en este régimen no se han construido captaciones importantes de agua para
garantizar suministro para consumo humano y riego. Es más, la corrupción
impidió la culminación de la Represa Yacambu-Quibor que hoy se encuentra
desmantelada y la Represa Dos Bocas, siendo que esta última se inició y se
paralizo totalmente, lo cual afecta a los Municipios Moran, Jiménez, Iribarren,
Palavecino y Simón Planas, es decir a más de millón y medio de personas.
Igualmente ha ocurrido en Torres en donde hay 3 represas y la aducción que
depende de Hidrolara no ha sido sustituida en el tramo de la represa Los
Quediches a Carora justamente por falta de asignación de los recursos. Y en
Crespo con el crimen ecológico que cometieron al intervenir los acuíferos
naturales de Barro Negro tienen a la población como camellos.
Dip Guillermo Palacios.-
COMENTARIOS