La Causa R Torres, ante el atentado que sufriera la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo durante los acontecimientos registrados en el sector Calicanto, expresan su contundente rechazo a las autoritarias actuaciones en contra del periodista Jhon Arturo Romero por parte de dirigentes PSUV, al impedírsele realizar su labor periodística violándole su derecho constitucional a informarse e informar (art. 58) , así como expresar libremente sus pensamientos, ideas u opiniones (art. 57).
El profesor Edgardo Lugo, en nombre de la Causa R, al expresar tan enérgico repudio, señaló como responsables directos a la supuesta concejal Laura Vargas y al dirigente del Psuv Richard Páez, a quienes además involucró como copartícipe de las agresiones físicas que recibieran el señor Fidel Quintero y su hijo, demostrándose con ello que Venezuela no ha mejorado; más bien, se sigue aplicando la violencia de siempre contra todos aquellos que les son adversos, al mismo tiempo que prosiguen las transgresiones a derechos constitucionales tan vitales como la libertad de expresión.
Lugo, al detallar lo sucedido, asegura que los hechos tuvieron lugar en la Unidad Educativa Nacional “Expedito Cortéz”, -ubicada en la populosa urbanización Calicanto-, recinto en el cual se efectuaría un supuesto taller que sería impartido por presuntos funcionarios del CNE sobre las elecciones del Consejo Comunal. “Laura Vargas y el seudodirigente Richard Páez, ambos del PSUV, impidieron que el periodista Jhon Romero ejerciera sus labores como tal, que tuvo que refugiarse para evitar ser agredido”, comentó.
ATAQUE A LOS MEDIOS TORRENSES
Tras los condenables ataques al ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en Calicanto, gente no identificada, pero de abierta tendencia progobierno central, se han dado a la tarea de atacar a los medios digitales independientes que hacen vida en Carora, señalándolos de antiéticos por no reseñar lo que ellos y los afectos al régimen quieren.
De esta manera, al atentado contra el periodista Jhon Romero se suma la propaganda soterrada del Psuv-Torres en contra de los medios locales, que pudiera entenderse como una campaña previa a eventuales confiscaciones. Es una estrategia nada nueva y muchas veces develada, que ha venido ocurriendo a lo largo de los 23 años y materializada con hechos evidentes en contra de El Nacional, innumerables portales web cerrados y bloqueados, emisoras clausuradas, sus equipos confiscados y periodistas detenidos.
Por estas razones, la Causa R exige en su comunicado que la CPI, ONU, OEA, y el Fiscal General de Venezuela, anoten estos hechos como una violación más del régimen de Nicolás Maduro al Estatuto de Roma.
NDP.-
NOTA DE PRENSA.
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