Tres estudiantes del Instituto María Inmaculada de Carora, no han podido iniciar el año escolar, luego que desde la administración de este plantel educativo tomaran la determinación de zonificarlos hacia planteles públicos y se les impidiera poder continuar con sus estudios en esa institución.
Haciendo un recuento sobre esta situación que mantiene en conflicto legal a padres y representantes de tres estudiantes con la gerencia del colegio, inició antes de que las clases fueran retomadas de manera presencial, cuando desde la administración decidieran aumentar el costo de la matricula sin la aprobación de una asamblea de representantes, de 20 a 30 dólares.
Es necesario mencionar que, un grupo de representantes mostró oposición y exigían les presentaran una estructura de costos y a su vez, sometieran a consideración de una asamblea la tarifa estipulada para ese momento, cosa que nunca sucedió por lo que continuaron pagando la cantidad de 20 dólares.
En vista de esta situación, la institución habría arremetido en contra de siete estudiantes, zonificándolos a unas escuelas públicas, dos de ellos emigraron junto a sus familias, dos lograron conseguir cupo en otros planteles privados, y tres se mantienen en este momento en medio del conflicto y sin haber iniciado el año escolar; 2022 - 2023.
Al respecto, Leonardo Vivas, padre de dos de los tres niños que no han podido iniciar el año escolar manifestó que a estos tres alumnos se les está vulnerando el derecho a la educación. Por otro lado, señaló que cuentan con todas las pruebas y con los soportes de pago hasta el mes de agosto por lo que no presentan ninguna insolvencia.
Señala el representante que este caso ya fue presentado ante la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), Zona Educativa municipal y regional, Consejo Protección del Niño Niña y Adolescente y tribunales. El Consejo de Protección y tribunales habrían emitido un recurso para que los niños retomaran sus actividades, cuyo plazo se venció el pasado jueves y al aparecer, desde la institución introdujeron un recurso de nulidad y decidieron desacatar la medida y hasta el momento no han podido realizar el proceso de inscripción.
Entre otras cosas, indica Vivas que los niños se mantienen en sus hogares sin recibir educación, cuando ha transcurrido un mes desde el inicio de año escolar por lo que denuncia públicamente la violación a los derechos humanos, el derecho a la educación y a participar en actividades de carácter deportivo y recreativo del plantel. Sobre esto último hizo mención a la prohibición de participar en la semana deportiva del colegio por presentar “insolvencia”, notificación enviada vía correo electrónico del cual también tienen el soporte.
Ante eso, los padres exigen a las autoridades que conocen el caso celeridad en el proceso y de igual forman, extienden el llamado al Fiscal Superior del estado Lara, Fiscal General de la República Tarek William Saab y a la Ministra de Educación para que intervengan en este caso que mantiene sin acceso a la educación a estos tres niños caroreños.
Yanitza Martínez.-
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