Un derecho de palabra solicitado
por trabajadores de la empresa Transconventa fue cedido este martes en la
sesión correspondiente de la Cámara Municipal, para exponer lo que aseguran
sucede en la referida empresa, que tras la detención de su representante, el
señor Luigi Torres, está siendo objeto, no sólo del desalojo de los trabajadores,
sino de un desvalijamiento de los equipos. También estuvieron presentes
miembros de concejos comunales, comunas y militantes del Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV).
En el seno del cuerpo legislativo municipal exigieron justicia para Luigi Torres, de quien Martínez reveló se le imputan tres delitos: terrorismo, asociación para delinquir y extracción de material estratégico. “Sin embargo, sabemos que se trata de toda una olla montada como muy bien se dijo en las intervenciones, contra alguien al que las comunidades le deben mucho por sus acciones sociales”.
Refirió que en los momentos más difíciles que vivió el país “producto de la guerra económica, apareció Luigi Torres con sus productos como Harina La Coromoto que le hizo llegar al pueblo, convirtiéndose en una verdadera alegría”.
Aseveró que se contabilizan más de 1.500 acciones sociales extras como fue la de poner al servicio maquinaria en la rehabilitación de vías y reparación de problemas de aguas servidas, “un cisterna de 45 mil litros en la distribución de agua a barrios y parroquias, así como para el Hospital Pastor Oropeza y escuelas, sin contar las donaciones en operativos de salud”.
Jorge Martínez adicionó que más de 140 trabajadores han sido mandados a sus casas sin sueldo alguno, “cuando ni siquiera pesa una orden de clausura contra Transconventa. Hace unos días nos hicimos acompañar de un juez para visitar las instalaciones, y nos hemos encontrado que ha sido desvalijada: se han desaparecido herramientas, aires acondicionados, motores; en definitiva, ha sido objeto de un verdadero saqueo”, denunció. “Una empresa que surgió para apoyar a las comunidades, hoy es víctima de un saqueo”, recalcó.
Indicó que solicitaron a la Cámara Municipal un acuerdo en el que piden protección para sus familias, “porque hemos sido aterrorizados por algunos miembros del Sebin, y hablamos como familia, como jefe de UBCH y como trabajador de la empresa”.
Dijo no entender cómo es que acusan de terrorista a quien ayudó al pueblo cuando otras empresas no lo hicieron, “pero nos aplican el acoso y el amedrentamiento. ¿Quién es el terrorista?”, se preguntó para finalizar.
FP/@sobre.300
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