José Ángel Ocanto.-
En asamblea realizada el sábado pasado en La Gran Parada, escuchamos a los productores de café de Sanare narrar vivencias espantosas.
Ocho cafetaleros, incluidas tres mujeres, están bajo arresto domiciliario tras denunciar que mafias protegidas por despachos oficiales se confabulan para pagarles su producto a un precio que los condena a la ruina. Y, para colmo, policías y militares los acosan y extorsionan, en alcabalas improvisadas en cualquier curva de las carreteras.
Otro fue apresado por llevar material estratégico: un bidón con 40 litros de gasolina. Su libertad costó 50 dólares.
Otro a quien le vieron unas "sospechosas" palas en su camioneta fue señalado de tener la intención de extraer arena. Tarifa por ese delito: 2.000 dólares.
Otro cayó preso por cargar cinco sacos de urea. Lo amenazaron con llevarlo a Fiscalía por contrabando.
A un menor de edad le habrían sembrado droga. Quedó libre cuando su padre pudo pagar en billetes verdes el rescate policial exigido.
"Con ellos nos va peor que con los malandros de civil: estos nos encañonan y nos esposan, nos arrestan, nos multan, nos siembran droga, nos retienen los carros y las motos, pagamos la gasolina a precio de oro (40 gramos de café en grano por litro), cuando vamos al pueblo a comprar alimentos nos arrebatan una parte, vivimos bajo la peor zozobra", fue uno de los testimonios.
Y en medio de ese drama, el alcalde de Iribarren, Luis Jonás Reyes, anuncia la firma de un convenio para exportar café de Lara a Rusia, Bielorrusia y Egipto.
¿Quién se beneficiará con tal convenio? No serán los cafetaleros. Porque se trata de un café pagado a precio por los suelos a un productor víctima de trampas, levantamiento de falsos cargos, coacción y feroz cacería policial. Un bárbaro nuevo tipo de esclavitud, sin duda, justamente en tiempos del "presidente obrero".
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