 |
| Luigi Rivero |
Luego de que los gremios y asociaciones del Municipio Torres emitieran un comunicado sobre lo acontecido el pasado viernes en la empresa Supleagro Carora donde exigen a las autoridades se abra una investigación pública, la mañana de este viernes, Luigi Rivero, haciendo uso de su derecho a réplica, ofreció una rueda de prensa, donde una vez más aclara lo sucedido en la negociación con la familia Meléndez.
El presidente del Consorcio Agroindustrial Transcomventa indicó que actualmente tienen un procedimiento basado en la constitución ya que están respetando el debido proceso ya que según él, todos los organismos tienen conocimiento de lo sucedido por lo que considera no hay ningún tipo de arbitrariedades.
Aseguró que por parte de los tribunales ha habido dos ejecuciones, aseguró que una representación del ente judicial se ha acercado a las instalaciones a realizar las debidas inspecciones donde queda en evidencia que existe una sociedad.
Rivero aseguró que en todo momento hubo acuerdos con la familia Meléndez los cuales iniciaron con la liberación de la empresa de la medida que reposaba en ella sobre la prohibición de enajenar y gravar.
Entre otras cosas expresó que una vez acordada la negociación iniciaron con el plan de inversión donde comenzaron a hacer los trabajos de remodelación para los cuales les fueron otorgados los permisos de construcción por parte del departamento de infraestructura del Municipio Torres.
“No hay forma de evadir que había un acuerdo entre las partes”, detalló por lo que reiteró que seguirán aclarando este tipo de situaciones y quieren hacerle saber a la opinión pública, todo lo que en las instalaciones de la empresa ha acontecido.
Con respecto a la situación de violencia presentada indicó que una vez que la familia Meléndez termina la inspección el pasado viernes, les secuestraron a unos familiares de Rivero por lo que detalló que en el momento no encontró otra salida, “toda acción genera una reacción” dijo.
En ese mismo orden destacó que todo está en manos de las autoridades, quienes finalmente son los que van a decidir sobre el desenlace de esta situación.
“Esto es un problema; civil mercantil” aseveró, al mismo tiempo en que agregó que el Procurador General de la República tiene 90 días para analizar el expediente y lograr tener una decisión.
“Quiero aclarar a los empresarios y les pido que se pongan en mis zapatos ya que yo vine a este pueblo a invertir y a construir un patrimonio”, expresó.
Sobre la presentación de pruebas indicó que una vez termine de recopilarlas, se encargará de mostrarlas a la opinión pública para que todos conozcan lo sucedido.
Foto: Deivis Mendoza
COMENTARIOS