Erigida entre masivas protestas y rechazo internacional, la todopoderosa Asamblea Constituyente de Venezuela llegó a su fin este viernes asegurando haber dejado “paz”, aunque, según expertos, a costa de anular al Parlamento opositor e ignorando su principal función: redactar una nueva Constitución.
Al sostener que su meta era pacificar al país al instalarse en 2017 en medio de manifestaciones que dejaron más de un centenar de muertos, el dictador socialista Nicolás Maduro justificó que la Constituyente no redactara una Carta Magna.
“El objetivo fundamental de esta Asamblea Nacional Constituyente (…) era restablecer la paz de la república, la seguridad interna, la unión nacional y la estabilidad del país. Hoy puedo decir: Asamblea Nacional Constituyente, ¡misión cumplida!”, arengó Maduro en la última sesión del órgano oficialista.
La Constituyente “vino para hacer la paz”, dijo poco antes Diosdado Cabello, número dos del chavismo, quien la presidía.
Sin embargo, en una crisis política que solo ha escalado, analistas aseguran que no trajo tal paz, sino una arremetida contra el Parlamento de mayoría opositora.
La Constituyente puso fin a sus funciones después de que el chavismo retomara el Congreso en las fraudulentas elecciones del 6 de diciembre, desconocidas por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina.
El 5 de enero se instala el nuevo Parlamento. La Constituyente, aunque no sesionará más, seguirá “vigilante” hasta el 31 de diciembre, dijo Maduro.
– “Anular” al único poder adverso –
Convocada por Maduro, la Constituyente fue elegida el 30 de julio de 2017 e instalada cinco días después.
Desde entonces se centró en “anular materialmente lo que hacía la Asamblea Nacional”, controlada por la oposición tras su triunfo electoral de 2015, comentó a la AFP el abogado Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia.
Lo hizo, agregó Daniels, de la mano del Tribunal Supremo de Justicia, de línea chavista, que declaró en desacato a la cámara después de que la oposición asumiera la mayoría, lo que dejó todas sus decisiones sin efecto.
Y la Constituyente, conformada en su totalidad por chavistas, tomó de facto las atribuciones legislativas.
“(Maduro) se quitó de encima un poder que no era favorable”, subrayó el abogado constitucionalista Carlos Guevara.
El ente plenipotenciario promulgó 98 decretos, 84 acuerdos, 14 leyes de supuesto rango constitucional y 40 “actos de otra naturaleza”, según Cabello.
La oposición no participó del proceso que conformó la Constituyente y la considera “ilegal”.
– Instrumento de persecución –
“Fue un instrumento más de persecución” contra la disidencia, expresó Daniels.
La Constituyente llegó a sesionó en el salón elíptico del Palacio Legislativo, frente al hemiciclo donde debate el Parlamento. Desde allí, levantó la inmunidad de más de 20 diputados opositores, acusándolos de delitos como “traición a la patria” y “rebelión” por llamar a protestas o ser vinculados con un fallido alzamiento militar en abril de 2019.
“Jamás me imaginé (…) que me iban a pretender sacar del camino”, confesó la diputada opositora Mariela Magallanes en una llamada desde Italia, donde se refugió después de que la Constituyente la acusara de atentar contra Maduro.
Como ella, muchos están exiliados en la actualidad y otros presos, como el legislador Juan Requesens, que cumple arresto domiciliario.
Las acciones de la Constituyente salpicaron al jefe parlamentario Juan Guaidó, que reclamó en 2019 la presidencia encargada de Venezuela con respaldo de medio centenar de países liderados por Estados Unidos.
Le retiró el fuero a Guaidó por “usurpar” funciones de Maduro, aunque el dirigente sigue en libertad.
– ¿Y la Constitución? –
Por ley, este “suprapoder” debía reescribir la Constitución de 1999, pero eso “nunca estuvo en el panorama”, destacó Daniels.
No se abordó el tema en tres años de gestión.
La legitimidad de la Constituyente de 2017 fue cuestionada desde un inicio porque Maduro la convocó sin referendo previo, a diferencia de su mentor político, el fallecido presidente Hugo Chávez, con la Constituyente de 1999.
Maduro prometió en su momento someter a consulta popular la nueva Carta Magna, ahora inexistente.
Después de la elección de la Constituyente, la empresa Smartmatic, que brindó soporte tecnológico a los comicios, denunció que las autoridades electorales, acusadas de favorecer a Maduro, inflaron la participación en al menos 1 millón de votos, llevándolos a 8 millones en este país de 30 millones de habitantes.
Esto “hizo un daño irreparable a la institucionalidad”, dijo Guevara.
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