El Ministerio de Interior ruso dió a conocer la información este viernes, dos meses después que la Corte Penal Internacional hiciera pública una orden de arresto contra el presidente de esta nación, por considerarlo presunto responsable de crímenes de guerra
Este viernes, el Ministerio de Interior de Rusia se declaró en busca y captura del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Ahmad Khan, como respuesta a la orden de arresto que realizó dicho tribunal contra Vladimir Putin.
El portal independiente Mediazona publicó una captura de pantalla del sistema de búsqueda del Ministerio de Interior ruso, en el que figura la foto y otros datos personales del fiscal.
Anteriormente, el presidente del Comité de Investigación de Rusia, Alexandr Bastrikin, anunció que también serían declarados en busca y captura los demás jueces de la CPI vinculados a la orden de arresto: Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala y el costarricense Sergio Gerardo Ugalde Godínez.
La CPI emitió una orden de arresto el pasado 17 de marzo contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por considerarlo "presunto responsable" de la deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania hacia Rusia, lo que supone un crimen de guerra.
También emitió otra orden de arresto contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación.
El Comité de Instrucción de Rusia (CIR) respondió a esta orden de arresto e incoó un caso penal contra el fiscal y los jueces de la CPI, al señalar que la persecución penal del presidente ruso «tiene un deliberado carácter ilegal, ya que no hay motivos para imputar una responsabilidad criminal».
El CIR acusa a Khan de adoptar una «decisión ilegal sobre el arresto del presidente de la Federación Rusa» y la Defensora de los Derechos del Niño, María Lvova-Belova.
Según dicho órgano, las acciones del fiscal contienen indicios de delitos contemplados por el código penal ruso, entre otras cosas, por adoptar medidas contra el representante de un Estado protegido por las normas internacionales «con el fin de entorpecer las relaciones internacionales».
Subraya que, según las convenciones internacionales, los jefes de Estado tienen «inmunidad absoluta» con respecto a la jurisdicción de otros países.
VF.-
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